1 de marzo de 2012

Los corsarios y el derecho perdido.

Hoy los españoles vamos a ser un poco menos libres y vamos a tener menos derechos. No es que ésto sea una novedad, ya que el retroceso en libertades individuales debido a un feroz intervencionismo del estado ha sido constante en la democracia española. La novedad estriba en que desaparece el derecho a la presunción de inocencia, cargando el peso de la prueba en el acusado, y dejando a la justicia en un segundo plano siendo una comisión (política) la encargada de ejercer de policía, jurado y verdugo.


Pese a que el anterior gobierno socialista no se atrevió a aprobar semejante despropósito de ley, y pese a que está presentado un recurso por la Asociación de Internautas admitido a trámite por el Tribunal Supremo por vulnerar dicha ley la legislación española, ésto no impidió que el gobierno del PP aprobara la Ley Sinde entre sus primeras medidas nada más llegar al poder. Y con toda la oposición manifestada por los ciudadanos y con el recurso admitido a trámite, no hay retraso en la puesta en marcha hoy de la nueva ley. No hay piedad.


El recurso solicitaba la suspensión de la puesta en práctica de la ley Sinde “hasta que exista una opinión judicial que la avale”.

La ley tiene aspectos curiosos que vulneran los derechos de los españoles flagrantemente. Por ejemplo, obliga a responder utilizando el Registro Electrónico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con un certificado digital, así que por indefensión y obligación todos los acusados (y cualquier persona) deben obtener un certificado digital.

Por otra parte obliga a los proveedores de servicios a realizar labores policiales investigando las identidades de los clientes y cerrando o retirando contenidos (más les vale obtener resultados).

Y luego está un punto del articulado, tan criticado como amplio, que no resiste defensa alguna. Se actúa contra páginas que “directa o indirectamente actúen con ánimo de lucro o hayan causado o sean susceptibles de causar un daño patrimonial al titular de derechos“. De nuevo en España se actúa preventivamente contra la posibilidad futura de que alguien pueda delinquir. Es como si te obligan a no poseer tenedores en tu casa para comer porque son susceptibles de causar daño a un titular de derechos. Pura doctrina del Canon Digital que nos condena a todos de antemano como delincuentes y que, por cierto, el PP todavía mantiene en vigor.

Y lo importante es que la denuncia inicia un trámite administrativo con la justicia en un segundo plano, en el que el juez no participa en el proceso mismo (no instruye caso alguno) de determinación de culpabilidad o no, ya que simplemente ratifica o niega la conclusión a la que la comisión política llegue.
 
Es una mala ley que vulnera de manera flagrante los derechos y libertades de los españoles, que no responde a una necesidad de los autores ni de los consumidores, y que ni se adapta a una realidad social imperante en la que la jurisprudencia avala mediante sentencia que enlazar contenidos es legal, y que actividades como la de la página Cinetube no constituyen ningún delito contra la propiedad intelectual, ni va a impedir que el fenómeno de las descargas y el intercambio se siga produciendo. Estancarse no es progresar,  y esta ley no sólo no es el camino sino que supone un estancamiento cuyo resultado no va a ser enriquecedor (ni intelectual ni económico) para nadie.


¿Prevalecerá el estado de derecho o los intereses corsarios?

1 comentario:

  1. Según entiendo yo, el uso del certificado digital es para autentificar a una persona. Es decir, que no haya spam. Es como cuando vas a poner una denuncia y te piden el DNI. Igual estoy equivocada, pero entiendo que es eso. Eso sí, no me parece para nada bien la ley sinde

    ResponderEliminar